En vísperas de Rio 2012, organizaciones de la sociedad civil de todo el
mundo alertan contra “la creciente influencia de grandes corporaciones y grupos
de presión empresarial” dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Estas preocupaciones fueron evidentes en la XIII sesión de la UNCTAD en Doha:
países ricos pretenden minimizar las potestades de esa agencia, cuyos informes
han criticado consistentemente las políticas de desregulación, liberalización y
privatización que benefician al sector privado.
“El preámbulo de la Carta de la ONU comienza con las palabras ‘Nosotros, los
pueblos de las Naciones Unidas…’. Hoy, sin embargo, los intereses corporativos
tienen creciente prioridad sobre los intereses de los pueblos en algunos
procesos e instituciones de la ONU. Las empresas han ganado enorme influencia
sobre sus decisiones”, reza una declaración lanzada esta semana por varias
organizaciones internacionales no gubernamentales.
Los firmantes iniciales del texto son Amigos de la Tierra Internacional, The
text was initially signed by Friends of the Earth International, Corporate
Europe Observatory, La Via Campesina, Jubilee South/Americas, el Servicio Paz y
Justicia de América Latina (SERPAJ), el Instituto Polaris, The Council of
Canadians, The Transnational Institute, la Red del Tercer Mundo (TWN) y World
March of Women. Estas organizaciones pidieron a otras adherirse a la declaración,
en el entendimiento de que “la ONU es actualmente la institución global más
democrática y adecuada para las negociaciones internacionales”.
“La presión corporativa en las negociaciones dentro de la ONU logró bloquear
soluciones efectivas a problemas relacionados con el cambio climático, la
producción de alimentos, la violación de derechos humanos, el abastecimiento de
agua, la salud, la pobreza y la deforestación”, agrega la declaración, titulada
“Acabar con la conquista corporativa de las Naciones Unidas”, que demanda “un
mayor fortalecimiento de las instituciones y procesos multilaterales en el marco
de la ONU, haciéndolos más democráticos y sensibles a las necesidades de la
gente”.
“No es necesario preguntarse quién está a cargo por estos días. Los gobiernos
no consultan más a las empresas: las empresas consultan a los gobiernos”, de
acuerdo con las organizaciones firmantes. La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible (Rio2012) a celebrarse en junio en Brasil “debería
aprovecharse como oportunidad para […] terminar con las discutibles alianzas de
empresas con la ONU”, con “el acceso privilegiado que se le garantizó al sector
corporativo y la consecuente influencia excesiva que se le reconoce en procesos
y decisiones multilaterales”, dijeron.
La declaración destaca varias asociaciones que comprometen a agencias de la
ONU, entre ellas su Fondo para la Infancia (Unicef), su Programa para el
Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con
“grandes compañías internacionales”.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se asoció
con compañías petroleras y mineras como ExxonMobil, Rio Tinto, Anglo American y
Shell, “todas las cuales están involucradas en violaciones de derechos humanos y
con la destrucción de biodiversidad”, según el manifiesto.
La declaración cita otros ejemplos, como alianzas entre The Coca Cola Company
y el PNUD sobre protección de recursos de agua, y entre la propia Coca Cola, la
compañía química BASF y ONU-HABITAT en materia de urbanización sustentable.
“Estas asociaciones no solo dañan la credibilidad de la ONU. También socavan su
capacidad y voluntad de cuestionar al sector empresarial y de regularlo donde
esté involucrado en violaciones a los derechos sociales, ambientales y humanos”,
advierte el texto.
El Pacto Mundial, definida en su página web como “plataforma global que reúne
a empresas con agencias de la ONU, con trabajadores y con la sociedad civil”,
les permite, según la declaración, a “notables violadores de los derechos
humanos participar” en organizaciones multilaterales y les ayuda “a mejorar su
imagen, en lugar de promover obligaciones que contribuyan a cambiar el
comportamiento de esas compañías”.
Esta alianza, más conocida por su nombre en inglés UN Global Compact, “da la
falsa impresión de que la ONU y las compañías transnacionales comparten los
mismos objetivos”, advirtieron las organizaciones firmantes.
En el camino hacia Rio 2012, la asociación de la ONU con la Cámara
Internacional del Comercio y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sustentable facilitó la presión corporativa que derivó en un borrador de
declaración final para la conferencia en Brasil que “refuerza el rol de las
empresas como promotoras de la denominada economía verde”, pero que no “atiende
el papel de las empresas en el surgimiento de las crisis financiera climática y
alimentaria, entre otras”.
La declaración de la sociedad civil reclama a la ONU y a los países que la
integran “resistirse a la presión corporativa para dar a las empresas una
posición privilegiada en negociaciones” multilaterales y “dejar de crear nuevos
cuerpos de discusión y grupos de alto nivel (y disolver los ya existentes)” que
facilitan esa poderosa participación. También recomienda que “los representantes
de empresas no sean parte de delegaciones nacionales” en deliberaciones de la
ONU.
“La ONU debe revelar todas sus relaciones y vínculos existentes con el sector
privado” y debe promover “un código de conducta” para sus funcionarios que
incluya un “periodo ‘de enfriamiento’” durante el cual los que se retiran no
podrán trabajar para empresas que ejercen presión en los foros internacionales,
añade el texto.
El sistema de las Naciones Unidas también deberá estudiar, según las
organizaciones de la sociedad civil, “los impactos de las corporaciones sobre
los pueblos y el ambiente, y establecer un marco obligatorio en el cual las
empresas puedan ser llamadas a responsabilidad de acuerdo con las leyes de
derechos humanos y laborales y sobre asuntos ambientales”.
Mientras se conocía la declaración, transcurría esta semana en Doha, Qatar,
la sesión 13 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD XIII). Allí, un grupo de economías del Norte rico compuesto
por la Unión Europea, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón,
Lichtenstein, Nueva Zelanda y Suiza procuraron que esa agencia de la ONU aliente
a los países en desarrollo a adoptar políticas comerciales y de protección de
inversiones de acuerdo con los intereses corporativos del mundo industrializado,
informó la Red del Tercer Mundo (TWN).
Organizaciones de la sociedad civil que participan en las reuniones de Doha
llamaron a la remoción de las limitaciones del espacio político de los países en
desarrollo determinadas por acuerdos de inversión y de libre comercio, así como
por condiciones que imponen donantes e instituciones financieras
internacionales.
La UNCTAD fue creada para aportar análisis y asesoramiento a gobiernos en
materia de desarrollo vinculado con el comercio, las finanzas y la tecnología,
entre otras cuestiones. Los análisis producidos por la agencia han identificado
consistentemente, a lo largo de los años, la liberalización y desregulación de
mercados y sistemas financieros como factores perjudiciales a los que luego
atribuyeron la actual crisis económica.
Fuentes:
