Papeles en el Desierto ...Un interesante artículo del País sobre la Cultura española de los siglos XII al XIX en Malí en peligro..

Ismael Diadié (a la izquierda) con un copista / Imágenes cedidas por Manuel Raso y Manuel Pimentel

 

En medio de la ciudad de Tombuctú, al norte de Malí, se alza una casa de color salmón y líneas simples que en la última década ha guardado dentro un trozo de la historia de España. La que escribió y reunió la familia Kati: alrededor de 3.000 manuscritos del siglo XII en adelante entre los que hay desde tratados de ciencia a relatos sobre el exilio en África de decenas de escritores andalusíes. La entrada de los islamistas en marzo pasado ha causado ya estragos en las principales mezquitas de la ciudad y edificios religiosos, así como en tumbas y mausoleos considerados patrimonio mundial por la Unesco.

La biblioteca que gestiona el fondo Kati se llama en realidad José Ángel Valente. La familia dueña de los textos lo quiso así en reconocimiento del apoyo que prestó el poeta gallego a la reunificación y conservación de estos documentos. Valente fue el impulsor de un manifiesto publicado en febrero de 2000 y suscrito, entre otros, por José Saramago, Antonio Muñoz Molina y Juan Goytisolo, para pedir la salvación del fondo. El poeta falleció ese mismo año sin ver el fruto de su empeño, que sí se hizo realidad dos años después, cuando la Junta de Andalucía se sumó al proyecto dándole a la familia Kati lo que necesitaba: un edificio donde, por fin, ordenar y conservar los históricos manuscritos.

Los expertos discrepan sobre el valor del fondo Kati, pero coinciden en que deben conservarse lo mejor posible. “De los 3.000 documentos, la mayoría son hojas sueltas, ni libros”, apunta el escritor e investigador Manuel Villar Raso, que ha viajado en más de veinte ocasiones a Tombuctú y conoció de cerca la historia de la biblioteca. “Yo he visto otras bibliotecas en los alrededores de Tombuctú que son iguales o más importantes. Pero no tienen un edificio como el que le hizo a esta la Junta”, advierte.

Los manuscritos del fondo Kati estuvieron enterrados en aldeas de Malí hasta finales de los noventa

Esa casa salmón de dos plantas con la arena en la puerta pasaría desapercibida en más de un pueblo de la costa andaluza. Pero en Tombuctú es una construcción de primera categoría. Para Villar Raso, “el mejor edificio de la zona”. Para el exministro Manuel Pimentel, que guarda estrechos lazos con este proyecto, es “un buen edificio que aquí sería humilde”. “No creo que ninguna biblioteca de pueblo de España sea tan humilde. Pero para Tombuctú es de clase media alta” afirma Pimentel, que en 2004 publicó el libro Los otros españoles. Los manuscritos de Tombuctú: andalusíes en el Níger, firmado con Ismael Diadié, heredero de los Kati e impulsor definitivo del proyecto de la biblioteca.

Fueron Diadié y su padre quienes, en los años noventa, se propusieron rescatar el legado familiar. Se sabían descendientes de Alí ben Ziryab al Kuti, originario de Toledo que abandonó la ciudad en mayo de 1468. Tras pasar por Andalucía, llegó a Tombuctú llevando consigo los primeros manuscritos de lo que, con los siglos, papel a papel, se convertiría en una ingente memoria escrita de la familia. Desde autobiografías a documentos notariales, transmisiones hereditarias y actas de matrimonio. Cada generación conservó y alimentó la biblioteca con sus propios libros, pero durante el siglo XIX, ante el temor de que la inestabilidad en la zona pusiese en peligro el legado, los fondos se distribuyeron entre miembros dispersos del clan. La mayoría de los manuscritos quedaron ocultos, enterrados en el desierto en aldeas a las afueras de Tombuctú. Los escondieron tan bien, que, durante los años del colonialismo, los franceses los buscaron con mucho interés y poco éxito, hasta el punto de que llegaron a pensar que aquella historia de papeles ocultos bajo la arena era un mito. El Dorado de Tombuctú.

Cuando Ismael Diadié y su padre se propusieron volver a sacar a la luz los fondos tuvieron que recorrer aldea por aldea, preguntar a los parientes lejanos y próximos hasta reunir la mayoría de los manuscritos. Algunos se perdieron y, entre los encontrados, muchos habían resultado dañados por insectos, incendios, inundaciones o una mano humana descuidada. Aun así, lograron salvar 3.000 documentos del siglo XII al XIX, la mayoría escritos en árabe, hebreo y castellano aljamiado (con caracteres árabes).

Según la memoria que redactó la Junta de Andalucía cuando se decidió a participar en el proyecto, de esos 3.000 manuscritos que componen la biblioteca, alrededor de 300 son de autores andaluces, 100 de renegados cristianos, 60 de comerciantes judíos y el resto de temática árabe variada. Hay textos de religión, ciencia, economía, matemáticas, medicina, filosofía o derecho. Y mucha historia condensada. Los escritores que firmaron aquel manifiesto que promovió Valente destacaron que en este fondo se pueden estudiar las migraciones judaicas a finales del siglo XV y comienzos del XVI, la penetración del islam en España, el destino de centenares de familias visigodas tras la caída del reino de Toledo, el exilio en África de miles de escritores andalusíes o la participación de los moriscos y renegados cristianos en los ejércitos de Al Mansur que conquistaron el Imperio de Songhay.

Para Manuel Pimentel, uno de los principales valores de la biblioteca es el camino hecho generación a generación. “Es un fondo realmente importante. Podríamos considerarla como la biblioteca colombina del desierto, se ha ido haciendo durante siglos”, afirma.

La Junta invirtió 120.000 euros para construir un edificio en el que pudieran conservarse los textos

El escritor Villar Raso siempre ha sido menos entusiasta con la colección. Cuenta que a finales de 2002, cuando ya estaba terminada, el entonces consejero de Relaciones Institucionales, Juan Ortega, del Partido Andalucista, llevó a un grupo de investigadores para enseñarles el proyecto. Él viajaba en esa expedición. “Ortega me preguntó qué me parecía”, recuerda. “Yo le dije que antes de hacer el edificio tenía que haberse informado del valor de los fondos. Pero se fiaron de lo que les contó Ismael [Diadié]”. La Junta invirtió 120.000 euros para levantar el edificio en un solar cedido por la familia Kati. Andalucía lo impulsó como un proyecto de cooperación: “Una gota de agua en un mar de necesidades”, señalan los informes de la época, en los que se argumentaba que la construcción de la biblioteca podía suponer una “caja de resonancia” que impulsara el interés por la zona.

El acuerdo pasaba también por digitalizar todos los manuscritos que interesaran a la Junta y guardar una copia en la sede de Almería del Centro de Estudios Andaluces, aunque esta parte del proyecto sigue a medias. En realidad, cuando el Partido Andalucista salió del Gobierno, tras las elecciones de 2004 que devolvieron la mayoría absoluta al PSOE, la relación institucional con los Kati se enfrió.

Pese a su opinión templada sobre el valor de estos documentos, Villar Raso admite que el fondo guarda algunos libros realmente valiosos. Él destaca tres, con los que coinciden casi todos los expertos y que ya fueron resaltados por un informe realizado por el Ministerio de Cultura durante el Gobierno popular de José María Aznar.

El primero de ellos es el Tarik-El-Fettash, un texto del siglo XV conocido como la primera historia de África contada por africanos. José Ortega y Gasset solía referirse a él como “un libro que todo el mundo debería leer”. La escribió un antepasado de los Kati de hoy y existen otras copias de este libro, que se reedita periódicamente, pero algunos expertos que han podido consultar el ejemplar que guarda la familia aseguran que tiene una peculiaridad.

Por alguna razón, en las reediciones posteriores se han eliminado todas las referencias a los andalusíes, que suman varias páginas de las que carece, incluso, el ejemplar que hay en la biblioteca Ahmed Babá, creada por iniciativa de la Unesco en 1973 y donde se conservan casi 20.000 manuscritos.

La biblioteca guarda la primera historia de África contada por africanos. Ortega y gasset lo recomendaba

Los otros dos libros que coinciden en resaltar todos los expertos son un Corán ceutí grabado en oro y las crónicas sudanesas de Es-Saheli, un arquitecto y poeta granadino. Para algunos, el mejor poeta andaluz de todos los tiempos. Peregrinó a La Meca en 1330 y allí coincidió con el emperador Mansa Mussa, que acabó regresando al Níger con una corte de sabios y hombres de letras. A Es-Saheli le encargó en 1327 la construcción de la gran mezquita de Tombuctú, la mezquita de Djingareyber, hecha principalmente de barro y que se convirtió en referente de un estilo arquitectónico que se extendió desde Malí a Burkina Faso.

Y es que la biblioteca andalusí se halla en una zona políticamente inestable. De hecho, dos de los mausoleos de la mezquita de Djingarey han sido destruidos esta semana por los islamistas de Ansar Dine (defensores de la fe), que controlan Tombuctú desde que, en marzo, aprovechando el vacío de poder creado por el golpe de Estado en Malí, se unieron a un grupo de independentistas tuaregs agrupados en el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA). Ansar Dine y sus socios de la rama magrebí de Al Qaeda lograron luego expulsar a los tuaregs y conquistar dos de las ciudades más importantes del norte de Malí: Tombuctú y Gao. En Tombuctú han impuesto la sharía (la ley islámica) y ha quedado prohibido el alcohol, el tabaco y el juego. Las mujeres ya no pueden pisar la calle sin taparse.

“Hasta ahora tú podías ver al borde del río Níger a mujeres de tribus con los pechos al aire y otras tapadas hasta arriba”, cuenta el exministro Pimentel. Al margen de la destrucción del patrimonio, de la que ya ha alertado la Unesco, está en peligro la convivencia pacífica de tribus y culturas muy diferentes que, hasta ahora, caracterizaba a esta zona del norte de Malí. “Es una desgracia que estén echando abajo los monumentos, pero, por ejemplo, la mezquita de Djingareyber, al ser de barro hay que reconstruirla casi cada año. Todo el mundo participa en la reconstrucción”, cuenta el periodista José María Arenzana, amigo de Ismael Diadié y que guió una de las visitas de la Junta a Tombuctú. “Pueden derribarla y se volverá a construir. Pero lo que es imposible de reconstruir son esos pegamentos culturales”, advierte.

Los equilibrios en la zona son tan frágiles que los que conocen bien la región temen que esto pueda alterarlos definitivamente. “Lo que están haciendo con estos ataques es una violación espiritual de la sociedad, intentando que pierda toda su identidad”, señala Arenzana. Uno de los ataques que más impacto ha causado dentro y fuera de la región ha sido la destrucción de la histórica puerta de madera de la mezquita de Sidi Yahia, del siglo XV. La tradición decía que esa puerta no se abriría hasta el fin de los días y los islamistas, al echarla abajo, han querido lanzar el mensaje de que ninguna superstición puede estar por encima de Alá.

Los ataques también han afectado a la mezquita de Sankoré, que como la puerta de Sidi Yahia y la mezquita de Djingareyber, es considerada patrimonio mundial por la Unesco. La de Sankoré, que es además la Universidad de Tombuctú, tenía también una importante biblioteca plagada de manuscritos, pero que ahora están en El Escorial, cuenta Arenzana. La sacó de Tombuctú el sultán de Marruecos, que luego trató de llegar desde Rabat a Tánger por barco, pero fue apresado por unos piratas que se llevaron la biblioteca. Y cuando los piratas estaban de vuelta, un barco español les interceptó y se quedó con los documentos. La biblioteca se depositó en El Escorial, donde un incendio destruyó en el siglo XVII parte de los fondos. El resto se conserva y probablemente, gracias a aquells avatares, se ha salvado ahora de los islamistas.

La incertidumbre es mayor sobre los fondos de la familia Kati. Tienen más contenido histórico que religioso y, quizás por eso, no sea un objetivo de ensañamiento para los nuevos conquistadores de Tombuctú. Por lo tanto, en principio, no corre peligro. Otra cosa es el valor económico. “Los manuscritos valen dinero. En el mundo islámico un manuscrito andalusí del siglo XII o XIII es muy cotizado. Y esto sí les puede interesar”, advierte Manuel Pimentel.

El exministro reconoce su inquietud por lo que le pueda pasar al fondo Kati, pero tiene la sospecha, asentada en algo de información de primera mano, de que está a salvo. Ismael Diadié y su familia salieron hace unos días de Tombuctú y se llevaron con ellos parte de los manuscritos. Se han refugiado en otra zona del país y puede que las hojas y los libros que sacaron de la biblioteca estén ahora allí o puede que se hayan vuelto a evaporar escondidos por el desierto. “Es como una maldición. El fondo está en un sitio tan inestable que no consigue unificarse”, reflexiona Pimentel. La maldición del legado de la familia Kati, aunque todos son optimistas

LA MIRADA DE MALI AL OCCIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia una cooperación al desarrollo en clave ecológica. Entrevista con el ecologista Florent Marcellesi

La sostenibilidad ha sido históricamente la hermana pobre de la cooperación al desarrollo, que no ha prestado la atención suficiente a cuestiones tan esenciales como los límites biofísicos del planeta, el cambio climático o la deuda ecológica. Así lo sostiene el activista e investigador ecologista Florent Marcellesi en su nuevo libro “Cooperación al posdesarrollo. Bases teóricas para la transformación ecológica de la cooperación al desarrollo”, editado por la asociación Bakeaz. En esta entrevista, el propio autor apuesta por la superación de lo que califica de modelo de mal-desarrollo económico para caminar hacia un nuevo marco que haga compatibles la justicia social y la justicia ambiental tanto en el Norte como en el Sur.

Noticias Positivas: Su nuevo libro se llama “Cooperación al posdesarrollo”. ¿Qué es lo que quiere decir con este concepto de posdesarrollo?

Florent Marcellesi: Dentro de las relaciones Norte-Sur, el concepto de desarrollo llegó de mano del presidente estadounidense Truman justo después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí nos viene el sustrato de las teorías dominantes del desarrollo: las sociedades industriales son el objetivo terminal de cualquier evolución social y el medio incuestionable de esta transición es el crecimiento económico. Ante la profundísima crisis ecológica y de civilización, es hora de cerrar este ciclo que ha marcado desde entonces la tónica del desarrollo realmente existente (consumo de masas a costa de la naturaleza, del Sur, de las personas más pobres y de las generaciones futuras).

Sin renunciar a reciclar elementos valiosos del desarrollo humano sostenible, propongo cambiar de paradigma en torno al “posdesarrollo”. Más concretamente, defino este término como la “evolución progresiva de una comunidad o sociedad hacia niveles de vida acordes con los límites ecológicos del planeta y que cubren las necesidades básicas de sus componentes así como sus legítimas aspiraciones a la autonomía y a la felicidad”. Por tanto, la cooperación al posdesarrollo es la capacidad de obrar juntamente, de forma democrática y solidaria y, en general, con métodos coherentes con los fines, con otros para alcanzar el fin marcado por el posdesarrollo. Sobre todo, es una herramienta, entre muchas, de construcción de alternativas hacia la justicia ambiental y la supervivencia civilizada de la humanidad.

 

N+: ¿Es también el posdesarrollo un intento de compatibilizar la cooperación con los países empobrecidos y la teoría decrecentista? ¿hasta qué punto es posible aunar ambos conceptos?

 

FM: No hay otro camino que el de aunar la lucha por la justicia social y por la justicia ambiental: van de la mano. Vivimos una crisis ecológica, global, que afecta primero a las personas más empobrecidas, estén en el Norte o en el Sur, y mañana afectará a las generaciones venideras. En esta senda, todos los movimientos que reivindican que la Tierra es finita y que éste es un factor central para alcanzar justicia en el presente y en el futuro tienen que converger. Ya sea en el Norte con las iniciativas en transición, el decrecimiento, el ecologismo político y social, el movimiento Slow, el comercio justo, etc. o en el Sur con el buen vivir, los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, etc.

Todos comparten fundamentos comunes que les permiten representar una salida positiva a la crisis. Luego, ¿tendrán que decrecer los países empobrecidos? Mientras que los países industrializados y las élites del Sur tendrán sin duda que autolimitarse y reducir drásticamente su huella ecológica, muchas zonas del mundo tienen derecho a aumentar sus capacidades materiales. Eso sí, esta evolución hacia alto bienestar y baja huella ecológica no podrá pasar por la casilla de mal-desarrollo de los países occidentales y tendrá que hacerse dentro de los límites ecológicos del planeta.

 

N+: Usted denuncia en su libro que, veinte años después de la Cumbre de Río, la sostenibilidad sigue siendo la hermana pobre de la cooperación al desarrollo. ¿Por qué cuesta tanto armonizar ambas cuestiones?

 

FM: Tras la cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, la comunidad internacional proponía para temáticas ambientales suministrar 125.000 millones de dólares por año a título de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), es decir, el 0,33% de la renta nacional bruta (RNB) de los principales países donantes. Sin embargo, en el 2009 la protección general del medio ambiente y las acciones relacionadas con el cambio climático dentro de la AOD representaban respectivamente solo un 0,02% y un 0,04% de la RNB de aquellos países…Está claro que primero no ha habido voluntad política y que la extraordinaria dinámica de los años noventa se ha ido apagando poco a poco hasta estrellarse 20 años más tarde a nivel institucional (véase los fracasos de Río+20 o las últimas cumbres contra el cambio climático). Pero también hay una razón más profunda, que es cultural y que toca la matriz de los movimientos transformadores. La mayoría de los actores sociales (y no solo políticos) siguen poniendo en un segundo nivel de importancia la sostenibilidad (aún más en tiempo de recesión), sin terminar de relacionarla con la situación tremenda de crisis económica y social que estamos viviendo. La crisis financiera de 2008 tiene una relación directa con el precio del petróleo (y la incapacidad de los hogares pobres de EEUU de hacer frente al aumento del precio de su gasolina y pagar a la vez su hipoteca), mientras que las crisis alimentarias son el resultado complejo de los precios del petróleo, de la influencia nefasta de los agrocombustibles, del cambio climático (que conlleva malas cosechas), de los sistemas productivos orientados a la exportación y de la especulación. En un mundo finito no es posible un crecimiento infinito, y no habrá salida posible a la crisis sin tener en cuenta que la “era del crecimiento” se ha acabado. La cooperación internacional, al igual que el resto de agentes sociales y de cambio, tiene que integrar esta realidad.

 

N+: En “Cooperación al posdesarrollo” afirma que el bienestar humano y la sostenibilidad son indisociables. Sin embargo, no resulta raro ver en multitud de medios de comunicación y en el discurso de determinados dirigentes políticos el planteamiento de un supuesto dilema entre ecología y empleo. Por ejemplo, cuando se señala que demoler un hotel en la costa para conservar el lugar provocará que se pierdan muchos posibles puestos de trabajo en la zona. ¿Qué piensa de este supuesto dilema?

 

FM: Sin duda, hay que superarlo: la ecología y el empleo no son enemigos. De hecho, es necesario recordar dos premisas. Primero, si se trata de construir una sociedad más justa y sostenible, no todos los empleos valen. ¿Cómo podemos justificar éticamente que para dar de comer a nuestra gente fabriquemos armas que luego servirán para guerras en el Sur y su sinfín de barbaridades? Segundo, que lo tengamos claro: una transición socio-ecológica creará muchísimos empleos, ¡más que los que aporta ahora el modelo productivista! Solo un ejemplo entre miles: mientras que la energía nuclear y del carbón suman conjuntamente unos 70.000 empleos, el sector de las energías renovables podría emplear en 2020 en España de forma directa e indirecta hasta 300.000 personas (contra 150.000 hoy). Lo que necesitamos ahora es un trabajo conjunto entre movimientos sociales, ecologistas y sindicatos para hacer (y poner en marcha) propuestas participativas de transición hacia el empleo verde donde también tienen un papel central la reducción de la jornada laboral y el reparto del trabajo.

 

N+: Usted detecta un claro déficit democrático en la cooperación al desarrollo, que en muchas ocasiones se plantea como ayuda enviada desde el Norte, que decide las prioridades y el tipo de ayuda, hacia el Sur, cuyo papel es demasiadas veces el de un mero receptor de fondos. ¿Se puede cambiar este modelo?

 

FM: Se puede cambiar este modelo cambiando las prioridades de la cooperación al desarrollo. De hecho, sabemos de sobra que sobredesarrollo en el Norte y subdesarrollo en el Sur son dos caras de la misma moneda. Por un lado, el desarrollo y crecimiento económicos de los países enriquecidos se sustentan en gran medida en los ecosistemas (y su mano de obra) de los países empobrecidos. Y por otro lado, es simplemente ecológicamente imposible que el Sur pueda y deba seguir y alcanzar algún día un modelo y nivel de (mal)desarrollo equivalente al del Norte: ya hemos superado en un 50% los límites de la Tierra. Por tanto, la mejor manera para ayudar de forma solidaria y sostenible al Sur (aunque no es única, ni suficiente) es trabajar en el Norte por un cambio estructural y cultural hacia un menor y mejor consumo y producción y por un decrecimiento de nuestra huella ecológica.

Eso supone a su vez que la cooperación al posdesarrollo se plantee luchar de forma prioritaria en nuestros territorios por la relocalización de la economía, la soberanía alimentaria y la agroecología, la promoción de lo común, la educación para vivir bien con menos, etc. Como estas luchas se dan también en el Sur, se trata al mismo tiempo de aunar fuerzas gracias a múltiples redes y foros de intercambio y de coordinación. La relocalización es un proyecto global y la cooperación simplemente un nodo más dentro de una red de alternativas donde aporta su grano de arena a la construcción de otros mundos posibles.

 

N+: A pesar de este panorama que nos dibuja, también hay que señalar que en las últimas cumbres internacionales sobre el clima, los países de África y América Latina han hecho muchos más esfuerzos para ser escuchados por las grandes potencias. ¿Espera que en el futuro puedan ser actores verdaderamente influyentes?

 

FM: Estamos asistiendo al auge de nuevos actores en las cumbres internacionales, como Bolivia o Ecuador. Les debemos, por ejemplo, haber puesto en la agenda social y política nuevas propuestas como el buen vivir o los derechos de la naturaleza, al igual que marcó un antes y un después la Cumbre de Cochabamba en 2010. Allí encontramos inspiración para nuevos objetivos y nuevas redes de transformación social. Eso sí, son actores con fuertes contradicciones internas, como lo prueba la posición cambiante según intereses del gobierno ecuatoriano en torno al proyecto Yasuní o el desencuentro del gobierno boliviano con los indígenas opuestos a la construcción de una carretera en territorio indígena. Desde luego tienen también muchos retos por delante. El más importante: no convertir sus movimientos en veladores de la “izquierda marrón”, es decir gobiernos con estrategias de desarrollo que pasan por financiar la justicia social en base a la intensa apropiación de recursos naturales y materias primas. Con su voluntad de explotar gas no convencional mediante fracking (una de las razones para la expropiación de Repsol), el gobierno de Argentina es un perfecto ejemplo de la insostenibilidad de este modelo.

 

N+: Ahora que tanto se habla de la deuda soberana de los países, en su libro usted hace hincapié en la llamada deuda ecológica. ¿A qué se refiere este concepto?

 

FM: La deuda ecológica pone en evidencia una dinámica histórica: el desarrollo de los países del Norte desde el inicio de la revolución industrial ha sido posible en gran parte gracias a la explotación por parte de las empresas y de los Estados del Norte de los recursos del Sur: tierras, recursos del subsuelo como las energías fósiles, etc. Sin estos recursos, adquiridos en el Sur a precios bajísimos o por medio de la violencia colonial, diplomática o comercial, el crecimiento del Norte, su estado de bienestar y el nivel de vida material de sus habitantes habrían sido mucho más débiles.

Para que nos hagamos una idea y si solo nos centramos en la deuda de carbono (la pata más estudiada de la deuda ecológica), vemos que desde 1850, el 80% de los gases de efecto invernadero emitidos en la atmósfera provienen de los países industrializados y éstos han emitido un total de 2.082 toneladas de gases de efecto invernadero por personas, mientras la media mundial es solo de 173 toneladas por persona… En España, la deuda de carbono hacia los países menos contaminadores era en 2000 de 12.000 millones de euros, ¡mientras que la deuda externa (lo que se adeudaba a España) llegaba a 11.800 millones de euros! O sea, nos podemos preguntar de forma legítima “¿quién debe a quién?”. En este sentido, la deuda ecológica es una potente herramienta social, política, ética y transfronteriza para impulsar el reconocimiento del desequilibrio en el uso de los recursos naturales y en la contaminación producida entre Norte y Sur. Pero sobre todo, es una forma de reclamar “justicia ambiental”, es decir que todas las personas de este mundo tengan los mismos derechos de uso, acceso y beneficios que provee la naturaleza.

 

N+: ¿Como investigador de la cooperación al desarrollo, qué valoración hace de los recortes a la misma en España?

 

FM: Los recortes suelen llegar primero para las políticas de solidaridad, aún más cuando se trata de personas o territorios que ni tienen voz en el Norte. Estos recortes ponen en peligro la continuidad de muchos proyectos y de nuestros compromisos a nivel internacional. Al mismo tiempo, tendría que impulsar a la cooperación al desarrollo a reinventarse. Ella también ha vivido años dorados gracias a su particular “burbuja solidaria”. Por ejemplo, es un excelente momento para redefinir sus nueves fuentes de financiación para no depender tanto de subvenciones públicas. Es también necesario pugnar por dotarse de una base activa y comprometida, que participa en la elaboración de la estrategia, los proyectos y las campañas de las organizaciones, se implica en su gestión, lo defiende en su vida diaria y actúa en coherencia con sus principios. Pero sobre todo, como lo apuntaba anteriormente, la cooperación al posdesarrollo es solo un nodo más dentro de esta nebulosa hacia el cambio. Por tanto, es importante tener presente que es un instrumento al servicio de un objetivo mayor (la justicia social y ambiental) y, por esta razón, que es una parte proactiva de un movimiento de transformación social mucho más amplio que le engloba. La cooperación al posdesarrollo necesita “desectorializarse” y mezclarse de forma aún más pronunciada dentro de plataformas y redes capaces de federar esfuerzos, objetivos, ideas, campañas, proyectos, e, incluso, estructuras y personal. Es a la vez una forma de tener más potencial de reflexión y de incidencia social y política, y una estrategia pragmática de reorganización ante la crisis económica y los recortes.

DATOS DE CONTACTO:

http://florentmarcellesi.wordpress.com

Presentación del Libro Día 25 de Enero,Viernes a las 19 en Duque de Sexto 40.Espacio Abierto Fuhen

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Fotografías Medio Ambiente  J Díaz Pereira

 

El vicepresidente de la Comisión de DDHH de la ONU propone "ocupar y nacionalizar la banca"

Jean Ziegler, vicepresidente del consejo consultivo de la Comisión de DDHH de la ONU. (Reuters) Iván Gil - 23/05/2012 - El Confidencial

“Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de Tribunal de Núremberg”. Con esta aplastante contundencia despacha Jean Ziegler, vicepresidente del Consejo consultivo de Derechos Humanos de la ONU , su particular análisis del actual momento histórico.

La dilatada trayectoria diplomática de este profesor emérito en la Universidad de Ginebra y comprometido analista internacional, que fue relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación durante ocho años, impide que le tiemble la voz a la hora de señalar con el dedo inquisidor a los ‘culpables’ de la crisis sistémica. “No puede ser que en un planeta con los recursos agroalimentarios suficientes para alimentar al doble de la población mundial actual, haya casi una quinta parte de sus habitantes sufriendo infraalimentación”. En su último libro Destrucción Masiva. Geopolítica del hambre (Península), que Ziegler presentó ayer en Madrid, pone sobre la mesa una serie de cuestiones molestas de las que otros diplomáticos ni siquiera se atreven a hablar en los

pasillos de la ONU. Unas críticas irreverentes que ya ventiló en otros trabajos como El hambre en el mundo, Los nuevos amos del mundo y aquellos que se le resisten, El imperio de la vergüenza o El odio a Occidente. “Hay que multiplicar rápidamente las fisuras en el muro capitalista para derrumbarlo y crear un nuevo orden mundial más justo”.

Su receta para revertir esta situación es, si cabe, tan radical o más que su tesis sobre la generación de las desigualdades: “Ocupar masivamente los bancos, nacionalizarlos y confiscar las arrogantes riquezas robadas por los especuladores financieros”. Una extremista postura que lo lleva incluso a criticar la incapacidad de movimientos de la sociedad civil como el 15M en España u Occupy Wall Street en Estados Unidos. “Reconozco que son símbolos importantes y que han logrado la simpatía de la sociedad, pero todavía son insuficientes para quebrar la actual relación de fuerzas si no desembocan en una huelga general.Hay que darse cuenta de que en el orden mundial reina una violencia estructural que se debe combatir con una contraviolencia basada en la resistencia pacífica”.

La migración de los grandes fondos especulativos a los mercados de materias primas, principalmente de la agroalimentación, la cual creció exponencialmente en el trienio 2005-2008 como explica Ziegler en su último libro, “es el origen de esta crisis genocida porque han disparado el precio de los alimentos básicos”. A pesar de la ‘destrucción masiva’ conceptualizada por Ziegler, el diplomático exhibe su característico optimismo de luchador a contracorriente y asegura que esta situación creará la conciencia social necesaria para “multiplicar rápidamente las fisuras en el muro capitalista, que acabarán derrumbándolo y creando un nuevo orden mundial”.

La insurrección será por el hambre o no será.

El primer paso, explica, es darse cuenta de que “los criminales financieros son el enemigo común de los europeos, de los africanos y del resto de la población que sufre de hambre y desempleo en el mundo. Unos oligarcas que monopolizan los beneficios y privatizan los servicios y recursos”. Para Ziegler, esta toma de conciencia será el advenimiento de una nueva forma de solidaridad internacional entre todos los pueblos, que

posteriormente se transformará en un “frente de resistencia intercontinental”. La lucha de clases es absolutamente inevitable porque no se puede mantener el sufrimiento de forma permanente.

Un convencimiento “total”, pero que se transforma en duda cuando se le pregunta por los riesgos y los pilares sobre los que se fundará este alzamiento popular. “Es un misterio, no puedo hablar de la revolución porque se trata de la libertad liberada en las personas y los procesos revolucionarios son imposibles de prevenir porque tienen sus propias leyes y no son conocidas”.

Lo que sí tiene claro Ziegler es que la insurrección, como ha ocurrido en la mayoría de estos procesos a lo largo de la historia, se producirá por el hambre. “La hambruna ya es una realidad en las banlieuesparisinas y el pueblo español también está sufriendo la pobreza, como el resto de Europa”. En este contexto, indica, la lucha de clases es “absolutamente inevitable porque las oligarquías capitalistas no serán capaces de reeditar el genocidio americano de los indios, ya que es imposible matar a todo un país como España y hacerle aceptar permanentemente las cadenas”.

“España no debería pagar su deuda porque es delictiva e ilegítima”

Las “cadenas” a las que retóricamente se refiere este diplomático de la ONU estarían impuestas por las políticas económicas de la austeridad, que califica como “absurdas y destructoras”. Los teóricos del neoliberalismo, añade, “nos han hecho creer que hoy en día la austeridad es la única política posible, pero sólo se aplica a la clase trabajadora y nunca a los banqueros. Estas políticas tienen un límite objetivo y no van a resolver los problemas”. Hollande y Obama deben formar una alianza en favor de las políticas económicas del crecimiento

En contraposición a estas recetas neoliberales, Ziegler defiende unas políticas centradas en el crecimiento. Esta es la única esperanza que deposita en los representantes políticos, aunque matiza que de forma “extremadamente leve”. Sus protagonistas no podrían ser otros que François Hollande y Barack Obama. “Ambos deben formar una alianza por el crecimiento basada en la inversión pública, el incremento del salario mínimo, las prestaciones

sociales, la búsqueda del pleno empleo y la lucha contra la desindustrialización”.

Para el vicepresidente del consejo consultivo de Derechos Humanos de la ONU estas políticas no son la solución final si no van acompañadas de un despertar de la sociedad civil y, sobre todo, del impago de la deuda. “Los dirigentes españoles deben hacer lo mismo que ha hecho Rafael Correa en Ecuador, es decir, negarse a pagar la deuda, cuya amortización ya es altísima, porque es odiosa e ilegítima. Esto es, se ha creado, en gran parte, por la delincuencia financiera y la corrupción política, sin materializarse en inversiones reales”.

Una perspectiva que lo lleva incluso a cometer el atrevimiento de recomendar a los españoles que objeten en la declaración de la renta al porcentaje del gasto dedicado a la deuda pública. Una campaña lanzada desde el 15M que califica de “necesaria, inteligente y eficaz”. Todos estos elementos en su conjunto, unidos a la inflación, podrán acabar con las “deudas injustas”.

Refundar la ONU para instaurar un nuevo orden mundial.

La Organización de las Naciones Unidas debe tener un papel central en el futuro escenario mundial. Como explica Ziegler, la ONU se fundó con el objetivo principal de defender el interés general de los pueblos y promulgar los principios recogidos en la Carta de los Derechos Humanos. Sin embargo, “los mercenarios han pervertido su papel y destruido su credibilidad moral”. Entre ellos, no duda en señalar al exsecretario generalBan Ki-Moon o al presidente del consejo de selección de los relatores, el hondureño Roberto Flores, “quien apoyó el golpe de Estado en su país en 2009” . Los mercenarios han pervertido el papel de la ONU y destruido su credibilidad moral.

Para Ziegler, la refundación de esta organización pasa por imprimirle “mucha más democracia” eliminando el poder de veto de las naciones integrantes del Consejo de Seguridad, limpiándola de “golpistas” y eliminando las prebendas del FMI y el BM. El neoliberalismo delictivo, concluye el diplomático, debe acabarse ya. 

Los gigantes de la sanidad privada por Guillermo Abril / Jaime Prats.Un articulo imprescindible sobre SANIDAD PRIVADA EN ESPAÑA publicado por KAOS EN LA RED.

Dos grandes grupos, Capio y Ribera Salud, se reparten los procesos de privatización del sistema público sanitario.

El grupo Capio Sanidad facturó en 2011 algo más de 673 millones de euros. En torno al 75% de esa cifra salió de las arcas públicas. Más 500 millones procedentes de conciertos, concesiones y convenios con las administraciones, lo que le convierte en el principal proveedor privado de servicios sanitarios públicos en España. Un gestor cuyo margen de beneficio operativo suele andar entre el 15% y el 20%. Ribera Salud, por su parte, facturó el mismo año 385 millones. Todos los ingresos proceden de contratos con las comunidades de Madrid y Valencia, donde, de momento, concentra su negocio.
Por su experiencia, estas dos empresas son las mejor situadas para competir por las nuevas oportunidades de negocio relacionadas con la gestión privada de servicios sanitarios públicos. Castilla-La Mancha y Madrid tienen la intención de sacar a concurso en breve cuatro y seis hospitales, respectivamente. Asimismo, la ola privatizadora está llamando a la puerta de otras regiones.
Pero hay más compañías que observan como una oportunidad los pasos que se están dando hacia la privatización. Como Sanitas, que participa en dos hospitales de gestión privada, uno en Manises (Valencia) y otro en Torrejón de Ardoz (Madrid). También de Hospitales de Madrid (HM), que ha manifestado su interés ante la salida al mercado de estas nuevas concesiones. O de USP-Quirón, otro gigante de la sanidad privada tras su reciente fusión y que en 2012 facturó en conjunto unos 650 millones (son datos provisionales). Una operación que refleja los movimientos de un sector que toma posiciones para situarse de cara al nuevo escenario de la sanidad público-privada.

Capio, que gestiona ya dos hospitales públicos, es propiedad de CVC, un potente fondo extranjero de capital riesgo

El germen de Capio, la referencia en el negocio de colaboración con la sanidad pública, es diminuto. Se encuentra a mediados de los noventa en Castilla-La Mancha. En una clínica gestionada por un matrimonio de médicos (un neurocirujano y una radióloga), el Centro de Diagnóstico Recoletas. Ninguno de ellos continúa hoy en el accionariado del grupo; pero aquella clínica nació ya con vocación de cubrir “una ineficiencia del sistema público”, según una de las personas que participó en esos orígenes y prefiere guardar el anonimato. “Se pensó que había un hueco: las listas de espera”. Nada demasiado diferente de lo que ocurre hoy. A ese equipo médico se le unió pronto un cardiólogo, Fernando Largo, exmilitante socialista. Un experto en conciertos públicos que había ejercido durante seis años como director provincial del Insalud de Toledo y que acababa de ser destituido, por orden de Alberto Núñez Feijóo, de su puesto en el Ministerio de Sanidad, donde fue subdirector general de Conciertos en la última legislatura de Felipe González. Enseguida comenzaron a operar a un millar de pacientes de listas de espera en el centro de Albacete. En 1998, cuatro años después del nacimiento de Recoletas, la empresa contaba ya con cuatro hospitales en Castilla-La Mancha y unos 700 trabajadores. Decidieron sacar la cabeza al mercado. Buscar comprador. Y empezaron a hablar entre los socios de la creación de “un gran grupo sanitario”.
Para ayudar en este proceso, contactaron con Víctor Madera, un médico asturiano treintañero que gestionaba centros de la Cruz Roja, y que estaba especializado en medicina deportiva. Formado en Estados Unidos, fue alumno de la primera promoción del master en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias, impartido en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), una institución pública cuyo origen se remonta a principios del siglo XX. Entre sus mentores se encuentran Fernando Lamata, exconsejero de Salud de Castilla-La Mancha y profesor en el master de la ENS en 1989, a quien considera “casi como un padre”. Fue él quien le habló de un puesto en la Cruz Roja.

Alberto de Rosa, director general de Ribera Salud. / Carlos Rosillo

Hoy, con 51 años, Víctor Madera es el presidente del grupo Capio Sanidad; el único directivo que estuvo en el origen manchego y que permanece al frente de la compañía. Desde su llegada, han transcurrido 14 años y cinco propietarios. Su figura convenció al fondo de capital riesgo CVC, pilotado por el financiero Javier de Jaime. Fue la inversión inicial de una de las primeras firmas de private equity extranjera instalada en España. Aunque no fueron los únicos que soñaron con construir un gran grupo privado de sanidad con posibilidad de crecer en un sector atomizado — “sin consolidar”, en la jerga financiera—, plagado de pequeñas clínicas familiares. En palabras de Gabriel Masfurroll, fundador de la cadena de hospitales privados USP: “Capio nace copiando nuestro modelo, solo que nueve meses después”. A la nueva empresa la llamaron Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, IDC.
La sede española de CVC, uno de los fondos más potentes del mundo, propietaria de los derechos de Capio, se encuentra en una primera planta luminosa que vierte sobre la llamada Milla de Oro de Madrid. La mayoría de compañías de capital riesgo se apelotonan, como esta, en torno a los mejores números de la calle de Serrano. Y la mayoría han estudiado el sector, con especial interés desde 2010. Como se puede leer en un informe interno elaborado ese año por una competidora de CVC, entre los puntos fuertes del sector sanitario privado se encuentran “los ajustados presupuestos del Gobierno, que darán lugar a considerables oportunidades de subcontratación para los proveedores ya establecidos”. Los recortes. El Plan de Estabilidad remitido a la UE en abril pasado establece una reducción del gasto sanitario público de 7.200 millones de euros entre 2012 y 2013. “Las empresas privadas saben que va a seguir creciendo el gasto total en sanidad. Y ven que el músculo financiero del Estado no es suficiente. Si se hunde el sector público, hay una oportunidad de negocio”, según un profesor de Universidad de Economía de la Salud y asesor en materia sanitaria. El banquete ya ha comenzado a convocar a comensales en Castilla-La Mancha, donde se adjudicarán presumiblemente en 2013 la gestión de cuatro hospitales públicos a empresas privadas, y en Madrid, donde se privatizará la gestión de otros seis hospitales y 27 centros de salud.

Si se hunde el sector público, hay oportunidad de negocio”,

admite un profesor universitario y asesor sanitario

De entre las paredes inmensas, blancas y sobriamente decoradas de la sede de CVC surge su director gerente, Javier de Jaime, ya sin chaqueta y corbata a media tarde. Habla en susurros. Con tono de confidencia. A los ocho años, este fondo británico vendió IDC por 330 millones a Capio, empresa cotizada de origen sueco. Una operación “aceptable, no más”, en palabras de De Jaime. En ese tiempo, la compañía española había dado dos golpes en la mesa que habían logrado colocarla en el mapa sanitario: la adjudicación en 2001 del Hospital General de Cataluña, que arrastraba una deuda millonaria; y la entrada el año siguiente en la Fundación Jiménez Díaz, prácticamente en quiebra. Se la quedaron a cambio de asumir la deuda. Hoy es su mayor fuente de ingresos, con un acuerdo con la Comunidad de Madrid para atender a una población superior a las 400.000 personas; un hospital al que derivan un tercio de los pacientes que no pueden atender en el resto de concesiones del Servicio Madrileño de Salud, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Infanta Elena de Valdemoro. Cuando se produjo la venta a Capio, la empresa ya empezaba a postularse para la concesión de este último hospital, primer ejemplo de prestación público-privada en Madrid. Desde entonces, ha ganado tres de los cuatro concursos abiertos para gestionar hospitales públicos en esta comunidad. Al cuarto no se presentó.

Víctor Madera, presidente de Capio Sanidad. / Cristóbal Manuel

En 2006, dos nuevos fondos de capital riesgo, Apax y Nordic Capital, compraron Capio en la Bolsa de Estocolmo. “Entraron en un momento muy bonito, cuando las estructuras financieras permitían pagar un precio muy alto”, según De Jaime. “Pero al final se demostró que no había tantas sinergias entre países como se pensaba. La filial española decidió romper el nexo, aunque no del todo, con los de arriba”. En 2010, cuando se empezó a saber en el sector financiero que la filial española de Capio quería escindirse de su matriz sueca, llamaron a la puerta “por lo menos cuatro fondos” de capital riesgo, según un consejero de la compañía. CVC volvió a entrar en Capio, en una operación valorada en 900 millones, quedándose con el 60% de la compañía (el otro 40% pertenece a Víctor Madera y el resto del equipo directivo, según CVC).
La venta se produjo a principios de 2011. Más o menos al mismo tiempo que otro fondo de private equity extranjero, Doughty Hanson, comenzaba a estudiar seriamente la compra de USP, una compañía sin timonel desde que otro fondo de inversión, Cinven, huyera y la dejara en manos de sus acreedores, Royal Bank of Scotland y Barclays. Doughty Hanson la compró en febrero de 2012 por 355 millones. Pocos meses después, el grupo USP se fusionaba con Quirón, propiedad de la familia del desaparecido Publio Cordón (empresario secuestrado por los GRAPO en 1995 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado), formando así la mayor empresa de salud privada de España.
En otro despacho de la calle de Serrano, este con vistas a la plaza de Colón, habla Francisco Gutiérrez Churtichaga, director de Doughty Hanson. “Nuestro negocio es el de la gente que paga una póliza”, dice. El sector privado puro. Pero “evidentemente”, añade, mirarán las nuevas concesiones para gestionar hospitales públicos “con muchas ganas”. Un portavoz de Quirón, el otro socio, insiste en esta idea: “Estamos inicialmente dispuestos a evaluar cualquier propuesta que se haga en este sentido”.
Poco a poco, han ido colocándose nuevos competidores: ahí está el grupo Vithas, de recentísima creación. O Sanitas, sacando pecho después de la compra a Ribera Salud de su participación en el Hospital de Manises (Valencia) y en el de Torrejón (Madrid). Propiedad del grupo British United Provident Association (BUPA), una multinacional británica de sanidad, Sanitas facturó en España el año pasado 1.515 millones, en su mayoría (1.114) vinculados al negocio de seguros sanitarios, según recoge su informe de cuentas. Sanidad privada estricta.

Sanitas compró a Ribera Salud su participación
en los centros públicos de Manises (Valencia) y Torrejón (Madrid)

En 2011, la facturación ligada a la gestión privada de centros públicos (a través del 60% que poseía del hospital de Manises) supuso un 5% de las cifras globales. Tras la apuesta de la compañía de consolidar posiciones en el segmento de la gestión privada de servicios, las cuentas de este año reflejarán mayor peso de la facturación ligada al sector público-privado. Unos números que podrían crecer los próximos años.
El caso del grupo Ribera Salud es otro: siempre ha estado ligado a la sanidad pública. Nació en 1997, casi de casualidad. La Generalitat lo concibió como una herramienta: dar respaldo financiero al proyecto que se convertiría en el estandarte sanitario del PP valenciano: el hospital de Alzira. Han pasado 16 años y la compañía (ahora participada al 50% por Bankia y Banco Sabadell), se ha consolidado como el primer operador de hospitales públicos por concesión.
Como hiciera con otras iniciativas (el parque de atracciones Terra Mítica de Benidorm o los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz, en Alicante) el Gobierno de Eduardo Zaplana, que accedió al Palau de la Generalitat en 1995, echó mano de las cajas de ahorros para impulsar sus planes. Y una de las medidas en las que el Ejecutivo puso un empeño especial fue la puesta en marcha en 1999 del primer hospital público gestionado de forma privada con una concesión administrativa, el que se conocería como modelo Alzira. De forma parecida a las autopistas, donde se permite a una empresa el cobro del peaje a cambio de construir la infraestructura, el Consell recurrió a la fórmula de otorgar a una unión de empresas la construcción y explotación de un hospital a cambio de una cantidad (ahora 639 euros por la atención sanitaria integral) por cada uno de los 250.000 habitantes de la comarca de La Ribera y potenciales usuarios. Era la primera vez que algo así se hacía en España.

El hospital de Aliza cobra 639 euros a la Generalitat valenciana por cada uno de sus posibles pacientes

La gestión recayó en Ribera Salud UTE, una compañía creada para la ocasión. La única candidata que se presentó al concurso. El accionista mayoritario (51%) y responsable de aportar el conocimiento sanitario fue Adeslas. Las constructoras Lubasa (2%) y Dragados (2%) se ocuparon de las obras. Pero hacía falta músculo financiero. De ello se encargaron Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Caixa Carlet, con un 15% de las acciones cada una. Caixa Carlet quebró en 2001 y las otras dos entidades acabaron por repartirse el 45% del paquete de las cajas. Este fue el origen de Ribera Salud Grupo (no confundir con Ribera Salud UTE, concesionaria de Alzira, de la que forma parte).
Con este modelo, las desaparecidas Bancaja (ahora Bankia) y CAM (adquirida por el Sabadell), unidas al 50% bajo la marca Ribera Salud Grupo, han participado, con distintos compañeros de viaje, en todas las adjudicaciones de la gestión de hospitales públicos y sus correspondientes departamentos de salud que ha sacado a concurso la Generalitat. En Torrevieja (inaugurado en 2006), Ribera Salud está presente en la empresa que gestiona la asistencia sanitaria con un 65% de las acciones, junto a Asisa (35%). En Dénia (2009) participa, con un 35%, con DKV (65%). En Elche, abierto en 2010, Ribera Salud cuenta con un peso del 60% y está presente también con Asisa (40%). La compañía también participaba en Manises (2009), el quinto departamento de salud gestionado de forma privada en la Comunidad Valenciana. Pero hace un mes vendió sus acciones (el 40%) a Sanitas, que actualmente posee el control accionarial total.
Esta expansión vino acompañada por un cambio estratégico. Ribera Salud dejó de ser una simple comparsa financiera. Ya no sería solo una herramienta al servicio de la Administración. Se transformó en un operador sanitario más, abierto a competir en cualquier oportunidad de negocio en la gestión de la sanidad pública. El cambio de rumbo tuvo lugar en 2007 y está ligado a la llegada de Alberto de Rosa como responsable del grupo, que hasta entonces era gerente del hospital de Alzira. De Rosa es una persona con experiencia en la gestión sanitaria, buen conocedor del sector y con estrechos lazos con el PP. Su hermano, Fernando de Rosa, fue consejero de Justicia del Gobierno de Francisco Camps antes de acceder a la vicepresidencia del Consejo General del Poder Judicial, cargo que actualmente ocupa, designado por el PP.

El PP concibió Ribera Salud para dar respaldo financiero al proyecto de gestión privada de los centros públicos

Es en la etapa en la que Alberto de Rosa se pone al frente de Ribera Salud cuando la compañía amplía sus horizontes. Lo hace a la sombra de dos autonomías gobernadas por el PP, la Comunidad Valenciana y la madrileña, con el respaldo de las cajas y el visto bueno de la Generalitat. Las entidades financieras consideraron que era una buena idea explorar el mercado relacionado con la gestión de parcelas de la sanidad pública. Era una forma de diversificar riesgos y buscar vías de escape ante la excesiva dependencia que las entidades de ahorro valencianas concentraban en el ladrillo.
La compañía ya no tenía problema en entrar en la gestión de departamentos de salud como socio mayoritario, relegando a las aseguradoras sanitarias a un segundo plano. Además, dejó de limitarse al negocio de los hospitales. Entró en la gestión del diagnóstico por resonancia magnética en la red sanitaria pública valenciana. También creció en Madrid. Primero asumiendo los análisis clínicos de seis hospitales públicos y sus áreas de influencia. Más adelante, con la gestión del hospital de Torrejón, de donde acaba de salir al vender a Sanitas su parte.
Eran los tiempos en los que Ribera Salud miraba abiertamente hacia Brasil o Portugal para ampliar su negocio, sin dejar de lado España. Pero llegó la crisis. Y el estallido de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante a las cajas que apostaron de forma más irresponsable por el sector de la construcción, entre las que estaban Bancaja y la CAM.
Bancaja se unió a Caja Madrid y otras cinco entidades para crear Bankia. La CAM fue intervenida por el Banco de España. Las dificultades financieras por las que atravesaban ambas aconsejaron desinvertir en Ribera Salud, que salió a la venta en 2011. Y la empresa que más interés mostró por hacerse con Ribera Salud fue su principal competidora: Capio. Su compra hubiera dado como resultado un escenario inédito. De la situación cercana al oligopolio, en la que Capio y Ribera Salud prácticamente se reparten el mercado actual de gestión privada de hospitales y departamentos de salud públicos, se hubiera pasado a otra casi monopolística. Ello hubiera podido derivar en uno de los peligros que entraña este modelo de gestión, que recientemente recordó la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Un exceso de concentración otorga un fuerte poder de negociación. Hasta el punto de llegar al fenómeno de captura del regulador, que sucede cuando la influencia de las empresas es tal que es capaz de someter a la Administración y anular su papel supervisor.

El presidente de Capio se define como progresista y defensor de lo público, pero “generando beneficios para el accionista”

Si la fusión se hubiera formalizado, los nueve hospitales públicos (cinco valencianos y cuatro madrileños) de gestión privada integral habrían pasado a estar total o parcialmente controlados por Capio. O lo que es lo mismo, por su propietario, el fondo de capital británico CVC. En la Comunidad Valenciana, dado que las concesiones no se limitan a la gestión de un hospital, sino a la asistencia sanitaria integral de los habitantes adscritos al centro hospitalario, el resultado hubiera sido que el 20% de los valencianos (un millón), cuya atención sanitaria pública está totalmente privatizada, hubiera dependido de una empresa participada por el fondo británico de capital riesgo.
Capio y Ribera Salud mantuvieron un largo tira y afloja sobre el precio de venta. Finalmente, no hubo acuerdo, aunque sí un vuelco en el panorama accionarial de la compañía valenciana. La CAM fue adjudicada al Banco Sabadell, que decidió que no quería desprenderse de este activo. Poco después de tomar el control de la antigua caja alicantina, mostró interés por su 50% de Ribera Salud e incluso no descarta la compra de la mitad en manos de Bankia. “El principal valor de Ribera Salud es que es el único grupo que se dedica al modelo público-privado en sanidad de forma exclusiva, y esto da garantías, ya que no se producen interferencias entre intereses privados y públicos que pueden romper la equidad del modelo, como puede ocurrir con otras compañías”, explica Alberto de Rosa, gerente de la empresa. “Hemos nacido y crecido a la vez que un modelo sanitario que ha marcado un precedente en la gestión sanitaria”, añade en referencia al modelo Alzira. Además de estar atentos a los movimientos que se están produciendo en España, De Rosa apunta que el reto de Ribera Salud consiste en ver su modelo “en proyectos internacionales, por lo que vamos a planificar ordenadamente nuestra presencia fuera de España”.
Pese a los pasos dados por Ribera Salud, la mayoría de expertos consultados ven a Capio como el grupo más potente. Por tamaño, por experiencia, porque cuenta con personas a las que se les suele abrir las puertas, como Javier Gómez-Navarro, político socialista, exministro de Comercio y expresidente del Consejo Superior de Cámaras; y Mauricio Casals, presidente de La Razón y hombre de confianza de José Manuel Lara, presidente de Planeta. La empresa nació con vocación de hacer beneficio vía conciertos, aminorando las listas de espera. Y en palabras de Javier de Jaime: “Lo que Madera quería, su visión del negocio, es más o menos lo que hoy es Capio”.

"Estos fondos son lo peor que nos puede pasar. Un expolio para vender después”, señala un catedrático de Economía

Es difícil desentrañar esta visión. Según uno de los asesores de la compañía, Madera es “un defensor a muerte del sistema público. De ideología progresista. Siempre dice que no le interesa el sector privado. Defiende lo público; pero generando beneficios razonables al accionista”. El exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, el socialista Fernando Lamata, hoy retirado de la política y reincorporado en su plaza de funcionario, le añade matices: “Madera no está por desmontar o desvalorizar la sanidad pública. Cuando yo le he planteado que el núcleo duro de la sanidad es público, él no lo ha cuestionado. Creo que su estrategia es la de ponerse a disposición de la Administración, dejando que sea esta la que fije las condiciones. Defiende la colaboración con la pública. No pretende sustituirla por centros privados. Aunque lo cierto es que las concesiones [de gestión de hospitales públicos] sí que empiezan a ser una sustitución”.
Madera no suele aparecer en los medios. Es un tipo de rostro ancho y pómulos elevados, que rememora los grandes hitos de la compañía que dirige en función del nacimiento de sus hijos. Hace tres semanas, con la marea blanca en su apogeo por las calles de Madrid, se colocó al teléfono desde el extranjero. Y dijo: “No puedo renegar de mis orígenes. Soy un defensor de la sanidad pública. En todo menos en la provisión. Porque es más eficiente la privada. El modelo capitativo [como el de la concesión que la compañía tiene para gestionar tres hospitales en Madrid] es un modelo inteligente. Los resultados de calidad son iguales o mejores que en la gestión pública directa”.
Un exdirectivo de Capio explica un poco más en qué consiste este tipo de acuerdos, patentado en Alzira y trasladado a Madrid por la expresidenta Esperanza Aguirre: “La ventaja para la Administración es que paga una cantidad fija [una suma por cabeza, la cápita, al gestor privado]. Que la empresa gane dinero depende de cómo manejes a los enfermos”. También del precio por habitante pagado. Y añade: “El sector privado tiene una ventaja enorme, el sistema público no tiene herramientas de prima, incentivo y castigo al empleado. Eso es fundamental en una empresa donde la gente se gana la vida. La productividad es más alta, de un 20% o 30%. El absentismo es más bajo, sin comparación. Puedes contratar a los mejores médicos, pagarles 300.000 o 400.000 euros. Y echar a un empleado si no trabaja. Existe un recorrido profesional. Instrumentos que no tiene el sector público”. Un poco después abunda en las similitudes de un hospital con el negocio de la hostelería. “Si de verdad quieres recortar, empiezas por los servicios hosteleros, no por los servicios médicos. Siguiendo el modelo de Ikea o Ryanair y otras empresas del low cost. Igual la comida la tienes que pagar. Y la tele. Esto del análisis del valor cada vez va a ir a más”.

Igual la comida y la tele las tienes que pagar. El análisis del valor cada vez va a más”, sostiene un exdirectivo de Capio

“¿La rentabilidad para estas empresas de dónde puede venir? De que se vaya a este modelo de bajo coste”, avanza un catedrático de Economía y experto en sanidad pública cuyos consejos suelen escucharse en las altas instancias económicas de España. “Es algo que las compañías sanitarias ya hablan abiertamente. Lo que en el Reino Unido se llama topping up. Un poco como ocurre con el cine: el verdadero negocio no está en la entrada, sino en las palomitas. Al gobernante eso le permite reducir el gasto. Entrega la gestión por una tarifa plana. Le va fenomenal. Y el que quiera, que se rasque el bolsillo. Cuanto más bajo es el low cost, más se puede añadir”. Por ejemplo, un tratamiento que queda fuera de los mínimos cubiertos por la sanidad pública; ese dinero no iría a la Administración, como ocurriría con el copago o una tasa. Se le escapa al Estado al igual que los beneficios de estas empresas tampoco revierten sobre los contribuyentes de forma directa. En todo caso, como argumentan desde CVC, favorece al ciudadano “por el ahorro en la gestión que le supone”.
Capio reinvierte la mayor parte de su beneficio bruto en el crecimiento de la compañía; más de 225 millones de euros en 2011, según datos de CVC. Así, el margen de beneficio neto de la empresa no alcanzó ese año el 2%. Igualmente, es discutible si esa reinversión beneficia realmente al contribuyente o al inversor del fondo de capital riesgo. El objetivo de un private equity es la plusvalía en la venta final; no paga dividendos anuales a sus inversores anónimos. Compra y vende en un horizonte de unos cinco años de media. El catedrático ve riesgos en ello: “Estos fondos son la antítesis de lo que tiene que ser la gestión sanitaria. Es lo peor que nos puede pasar. Un expolio para vender después. No sabes quién está detrás. Se apropian del excedente. Luego revenden y pueden dejarte la concesión patas arriba. Es lo que ha pasado en Valencia”.
No es el único con esta tesis. Lamata contaba este verano en una conferencia: “El sector sanitario puede generar beneficios a los especuladores haciendo que crezca la expectativa de ganancia y vendiendo una empresa a mejor precio que cuando la compró. Esto ocurre en cualquier sector de la economía, pero en el sanitario puede hacer más daño, al debilitar una estructura de provisión de servicios que cuesta mucho crear, pero que es fácil destruir”. Aquel pupilo suyo del curso de 1989, Víctor Madera, prefiere decir que él está “en esto para desarrollar un proyecto de vida”. El financiero Javier de Jaime añade: “¿Será buen negocio? Lo veremos. Desde luego, no es obvio”.
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Fotografia J. Díaz Pereira

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