¡¡¡Llamamiento urgente del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad
entre los Pueblos !!!
Mopassol
La reciente masacre de integrantes de la comunidad miskita en el Río Patuca,
en Honduras, el pasado 11 de mayo cuando dos helicópteros de la agencia
antidrogas de Estados Unidos (DEA en sus siglas en ingles), dispararon sobre una
canoa en la que viajaban los campesinos matando a dos mujeres embarazadas, dos
hombres e hiriendo gravemente a otros cuatro, evidencia no sólo la continuidad
del terrorismo de Estado impuesto por el golpe militar de junio de 2009 contra
el presidente Manuel Zelaya, sino también la trágica ocupación militar
norteamericana en ese país.
Detrás de este ataque que “se investiga” en Washington -según se informa- no
sólo se advierte la militarización estadounidense de Honduras, con cinco bases y
centros de operaciones además de Palmerola (estratégica para la IV Flota) sino
que se trata de un ataque directo contra los miskitos, para facilitar la
ocupación de la zona y la imposición del corredor mesoamericano de
agrocombustibles.
Los asesinatos cotidianos de campesinos, dirigentes sindicales y políticos,
maestros, estudiantes y periodistas – en este caso suman 25 asesinados desde
principios de 2010- permiten comprobar que el actual gobierno de Porfirio Lobo,
surgido de elecciones convocadas y digitadas por los militares golpistas de
junio de 2009, es sólo una continuidad de esa dictadura. Los asesinatos
cometidos por la fuerzas de ocupación en este país son cotidianos y evidencian
que ése es el proyecto-guión de Estados Unidos para América Latina, si los
dejamos avanzar. La tasa de crímenes alcanza al 86,5 por ciento por cada cien
mil habitantes. Se estiman alrededor de 700 homicidios mensuales y unas 20
víctimas diarias. El 55 por ciento de los homicidios ocurrieron en la zona norte
del país (Atlántida, Cortés y Francisco Morazán). El 84,6 por ciento con armas
de fuego, Y en casi el 28 por ciento de los asesinatos participaron
sicarios.
Se conoce que hay asesores israelíes, paramilitares y sicarios colombianos,
después de un acuerdo de los golpistas con el ex presidente de Colombia Alvaro
Uribe, así como ex militares argentinos y de la Fundación Uno América, que
participó activamente en el golpe. Centenares de personas han sido detenidas y
torturadas. Pero al no poder doblegar la resistencia y al entender que no tienen
posibilidad de ganar en nuevas elecciones, la represión aumenta cada día. No
podemos dejar solo al pueblo hondureño. Es nuestro deber pronunciarnos
solidariamente ante las enérgicas denuncias que realizan las organizaciones
populares de Honduras, denuncias que la gran prensa silencia de manera
sistemática.
Lo más grave, en el caso de los miskitos fue el intento de justificación de
esos asesinatos por parte del Director de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez
Cid, quien dijo que ”hubo un intercambio de disparos en la escena”. Aún cuando
se observó que las víctimas estaban desarmadas y los sobrevivientes
hospitalizados en La Ceiba relataron que les dispararon a mansalva con
ametralladoras y granadas. Lo mismo sucede con los crímenes y amenazas contra
los campesinos del Aguán. El pueblo miskito es uno de los más golpeados por la
tragedia de la ocupación de ese país centroamericano, así como por la corrupción
policial y militar en el tema del narcotráfico, además del feudalismo imperante
en esa zona del país, sumida en una enorme pobreza. Hay más de 1700 lisiados y
decenas de muertos en la comunidad miskita.
El diario New York Times en su edición del pasado 5 de mayo encabeza un
artículo señalando que la “Armada de los Estados Unidos, usando lecciones del
conflicto de la década pasada (Irak) en la guerra que está siendo peleada en la
selva miskita, ha construido un campamento (centro operativo) con poca
notoriedad pública pero con apoyo del gobierno hondureño”. El citado artículo
reconoce la instalación de tres “bases de operaciones de avanzada” ubicadas en
Mocorón, Puerto Castilla y El Aguacate”.
El Comando Sur del Pentágono está auspiciando en toda Centroamérica lo que
llaman “estados fallidos” para justificar las intervenciones en nombre de la
seguridad nacional, el viejo esquema con que sembraron dictaduras en todo el
continente en el siglo XX. En esa dirección apuntan los “acuerdos de seguridad”
que Estados Unidos viene estableciendo con los países de la región.
A la situación de Honduras que se agrava cada día sumando ya miles de
muertos, se suma la tragedia mexicana, sobre la que se extiende un silencio
cómplice. Desde que México firmó con Estados Unidos el Plan Mérida en el año
2006 (una réplica del Plan Colombia) y Washington envió armas y asesores para
una supuesta guerra contra el narcotráfico, más de 55 mil personas han sido
secuestradas y asesinadas en forma atroz, sembrando el terror en el norte de ese
país. Existen unos diez mil desaparecidos. Las Fuerzas Armadas intervienen
directamente en el conflicto y nadie ignora a esta altura de los acontecimientos
que la mayoría de esos muertos nada tienen que ver con el narcotráfico y que
Estados Unidos entregó armas a los grupos paramilitares como los Zetas, como se
ha descubierto investigando la Operación Castaway (Operación Náufrago ) o Rápido
y Furioso.
Supuestamente, se trataba de una operación encubierta de la DEA para entregar
armas y “conocer” las vías del contrabando. Pero esas armas fueron a parar a
manos de los paramilitares mexicanos, que se entrenan en tortura con la
población civil, y con inmigrantes que van hacia Estados Unidos y son asesinados
y despedazados, como se ha visto en la aparición de cadáveres en distintos
lugares.
México ha sido convertido en un estado fallido, y caótico que según políticos
republicanos amenaza ahora “la seguridad de Estados Unidos”, y por lo tanto
podría ser pasible de una intervención, especialmente si en las elecciones
próximas no ganan sus “elegidos” como gobernantes. Las armas de EE.UU también
fueron para las “maras” creadas en ese país y luego enviadas a sus países de
origen, tanto El Salvador como Honduras y Guatemala, con la finalidad de
mantener el crimen y el caos.
Honduras bajo terrorismo de Estado encubierto y Guatemala, donde el
feminicidio y la violencia del viejo militarismo y paramilitarismo
contrainsurgente se potencia con la llegada a la presidencia de un oficial de
los “Kaibiles” la fuerza especial más brutal de todos los tiempos, preparada en
Estados Unidos y autora de crímenes de lesa humanidad y de desaparición de
aldeas enteras, cuyos pobladores fueron eliminados.
Estos integran la cifra de más de 90 mil desaparecidos durante las dictaduras
militares guatemaltecas, la más alta de América Latina considerando además la
población de poco más de diez millones de habitantes.
Esta es parte de la realidad centroamericana, a lo que se añade el gobierno
derechista de Panamá, que ya ha producido matanzas indígenas, persecución de
trabajadores y firmado con Estados Unidos la instalación de doce bases militares
y centros operativos rodeando todo el país, que había logrado liberarse del
Comando Sur a fines de 1999.
Es hora de decir basta al crimen y detener la guerra de baja intensidad, la
invasión silenciosa de las fundaciones del poder imperial y la militarización
que intenta una recolonización regional en el siglo XXI.
Fotografias: Suso Díaz Pereira
