Público
Estamos hoy viendo en España el ataque (y no hay otra manera de definirlo) más
frontal al bienestar de las clases populares desde el final de la dictadura
fascista (sí, el término científico para definir aquella dictadura no es
franquismo, sino fascismo) en el año 1978. Aquel final ocurrió mediante una
transición (que no fue modélica) de una dictadura a una democracia sumamente
limitada e insuficiente, resultado del enorme dominio que las fuerzas
ultra-conservadoras continuaron teniendo sobre los aparatos del Estado. Las
movilizaciones del mundo del trabajo (desde 1974 a 1976, España tuvo las
movilizaciones y huelgas políticas más numerosas y extensas existentes en
Europa) forzaron el fin de aquella horrible dictadura, de manera que, aún cuando
el dictador murió en la cama, la dictadura terminó en la calle, con la agitación
social que la protesta obrera determinó. Ahora bien, las fuerzas democráticas, y
muy en especial, los dirigentes de los partidos de izquierda, acababan de salir
de la cárcel o habían llegado recientemente del exilio y no pudieron
neutralizar, y todavía menos debilitar, las fuerzas ultra-conservadoras que
controlaban el Estado. La permanencia de la Monarquía, regida por un Rey
nombrado a dedo por el dictador, era el símbolo de la desigualdad en la
correlación de fuerzas en aquel momento.
Las consecuencias de este dominio ultra-conservador sobre el Estado y sobre
la mayoría de las instituciones mediáticas y políticas del país son muchas. Como
ejemplos podemos citar: una ley electoral escasamente proporcional, que
discrimina a las izquierdas (y muy en especial al partido que lideró la
resistencia antifascista); la ausencia de medios radiotelevisivos o rotativos de
izquierda; y el enorme subdesarrollo social de España (que durante todos estos
años ha continuado teniendo el gasto público social per cápita -que financia su
escasamente desarrollado Estado del Bienestar- más bajo de la Unión Europea de
los Quince (UE-15) (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo
económico al nuestro)).
Otra consecuencia de este dominio ultra-conservador del Estado español ha
sido la enorme regresividad de la política fiscal, que explica, junto con el
enorme fraude fiscal, los escasos ingresos al Estado. Tal realidad, fácilmente
documentable (los ingresos al Estado representan sólo el 32% del PIB, el mas
bajo de la UE-15) niega las tesis neoliberales promovidas por las voces próximas
al capital financiero y a la gran patronal, como Fedea (fundación financiada por
la banca y algunas de las mayores empresas del país, que se benefician
extensamente de la existencia de paraísos fiscales que les permiten evitar el
pago de tributos al Estado) de que nos estamos gastando en España más de lo que
podemos. La validez de tal tesis queda fácilmente falseada con el siguiente
dato. España no es pobre. Su PIB es el 92% del promedio de los países de la
UE-15. En cambio, su gasto público social per cápita no es el 92% del promedio
del gasto público social per capita de la UE-15, sino sólo el 72%, lo cual
quiere decir que España se gasta 60.000 millones de euros menos de los que se
deberían gastar por su nivel de riqueza.
Es cierto que durante el periodo democrático iniciado en 1978 ha habido
cambios y mejoras, sobre todo en los periodos de gobiernos PSOE, cambios que han
permitido reducir el enorme déficit de gasto público social. Pero debido al gran
retraso que dejó la dictadura y también a la excesiva moderación de los
gobiernos PSOE, el Estado del Bienestar ha continuado a la cola de la Europa
Social. Y los enormes recortes que está imponiendo el gobierno del Partido
Popular están aumentando todavía más este déficit social. Y ello es resultado de
unas políticas públicas de austeridad que, en su objetivo central de debilitar
al mundo del trabajo, están creando una recesión que para amplios sectores de la
población alcanza niveles de Gran Depresión.
La rebelión de los jóvenes
Entre estos sectores que viven una Gran Depresión están los jóvenes. Hoy sólo
uno de cada dos jóvenes encuentra trabajo. Y según las proyecciones de las
agencias que gozan de mayor credibilidad, tal situación continuará durante al
menos diez años, una situación intolerable. Y ello es resultado de decisiones
políticas que se han ido tomando durante todos estos años, tanto en España como
en Bruselas y en Frankfurt y que, con la complicidad de los medios, se han
presentado como las únicas posibles. Los datos, sin embargo, muestran que por
cada medida de austeridad había una política expansiva de gasto público posible
(se hubieran conseguido más fondos revirtiendo la bajada de impuestos de
sucesiones -2.500 millones de euros- que congelando las pensiones -1.500
millones de euros-).
No es de extrañar que existan protestas populares en las que los jóvenes –a
los que erróneamente se les suponía que “pasaban de todo”- protagonicen las
movilizaciones en contra de tales políticas y los establishments financieros,
económicos, políticos y mediáticos que las imponen. El 15-M es un movimiento que
surge como respuesta a tal crisis financiera, económica y política que ha
causado la mayor pérdida de legitimidad de tales establishments. Y tanto en sus
objetivos, tales como democratizar la sociedad (y la extensión de los derechos
políticos, civiles y democráticos de los ciudadanos que ello conllevaría), como
en su táctica (con manifestaciones y acampadas no violentas) ha despertado gran
simpatía y apoyo popular, del cual deriva su poder.
Esta demanda de mayor democracia entra en conflicto con la democracia tan
limitada que existe en España, consecuencia de la transición inmodélica referida
anteriormente. Hoy, exigir democracia es subversivo del orden imperante en
España. Exigir que cada ciudadano tenga la misma capacidad de incidencia en la
gobernanza del país es revolucionario, pues terminaría con el dominio de las
instituciones políticas por parte de las fuerzas conservadoras en el país.
Exigir que exista una pluralidad en los medios de información es terminar con el
monopolio de clase existente en los medios en España. Exigir que todo cargo
representativo sea elegido es terminar con la Monarquía, que es el eje del
aparato del Estado todavía controlado por las fuerzas conservadoras. Exigir que
existan formas de participación directa (como referéndums a nivel de todo el
Estado) es terminar con el control por las élites partidistas del sistema
democrático. Exigir que los partidos se democraticen es terminar con el control
por parte de los grupos dirigentes de tales instrumentos. Exigir que la economía
esté al servicio de las clases populares y no al servicio del 1% de la población
que controla las finanzas y grandes empresas es también profundamente subversivo
en España. Estas demandas, como los adjetivan los portavoces del establishment,
son “extremistas”, “populistas” o “demagógicas”, adjetivos utilizados por las
estructuras de poder para marginar las voces críticas auténticamente
democráticas que quieren desarrollar la democracia todavía extraordinariamente
limitada en España.
Predeciblemente, la respuesta del establishment a tales peticiones ha sido la
represión. Véase lo ocurrido el 1º de Mayo en las manifestaciones organizadas,
entre otros, por el 15-M. Yo asistí por la mañana a la excelente marcha
organizada por los sindicatos (100.000 personas) y por la tarde a la del 15-M
(40.000 personas). Lo que ocurrió en esta última me recordó lo que ocurría en
los años cincuenta. A los jóvenes, por ser jóvenes, se les detenía y se les
registraba. Era el intento de identificar –como lo hizo el reportaje de La
Vanguardia- a los jóvenes como terroristas. Era la criminalización de la
juventud. El peligro de instalar de nuevo las prácticas represivas que vimos
durante la dictadura existe hoy en España.
